En ellas están incluidas las 383 ya aprobadas el pasado mes de febrero para la incorporación de personal de nuevo ingreso en los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha afirmado que esta oferta responde, por primera vez, "a una auténtica política de planificación en el diseño de la estrategia de recursos humanos en la Administración General del Estado".
Batet ha explicado que esta nueva metodología se ha realizado a partir de un informe sobre la situación actual de la plantilla de personal funcionario y laboral y de una estimación plurianual de las plazas necesarias en cada ministerio para los próximos tres años, lo que ha permitido "basar las decisiones en las necesidades reales y actuales de recursos humanos que es necesario satisfacer".
Los datos contenidos en el Registro Central de Personal a fecha 1 de enero de este año sitúan la edad media de los empleados públicos de la AGE en los 52 años, diez años por encima de la media de edad en el conjunto de la población activa. Solo el 10% tiene menos de 40 años.
Pool Moncloa/JM Cuadrado
Al problema progresivo del envejecimiento, la ministra ha sumado el de la pérdida de efectivos. Entre 2009 y 2019, las tasas mínimas de reposición ya supusieron la pérdida de 36.512 puestos en la Administración General del Estado, mientras que en 2019 se prevé la jubilación de un 14% del personal, una cifra que superará el 51% en los próximos diez años y que, para algunos grupos, como los auxiliares administrativos, podría alcanzar el 62%.
Batet ha defendido la necesidad "ineludible" de una reposición suficiente de personal a lo largo de los próximos años, para recuperar un nivel de empleo público adecuado. La ministra ha recordado que España se sitúa actualmente por debajo de la media europea de asalariados del sector público respecto a la población de cada país, un 2,7% frente al 3%, según los datos de Eurostat. "Las administraciones públicas españolas no están sobredimensionadas", ha señalado.
La ministra ha explicado que, además de cuantitativamente, la oferta de empleo para 2019 ha tenido en cuenta las necesidades cualitativas de los servicios públicos y que, por ello, se refuerzan esencialmente los servicios públicos territoriales de atención a la ciudadanía, como los servicios de empleo, tráfico, el catastro, la Seguridad Social y los que prestan las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno "También se priorizan el sector de la I+D+i, la lucha contra los fraudes fiscal y laboral, la administración penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones", ha añadido.
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